La agricultura familiar y las cadenas de valor: Un vínculo por potenciar
Más allá de la contribución de la agricultura familiar para la gestión sostenible de los recursos naturales, uno de los puntos más destacables sobre la importancia de la agricultura familiar para la producción de alimentos es su contribución para la generación de nuevas cadenas de valor alimenticias o su participación en las existentes a fin de disminuir las asimetrías territoriales que suelen caracterizar las áreas rurales latinoamericanas, sostienen los autores en esta nota.
"Toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz"
(José Martí).
La creciente importancia adquirida por la agricultura familiar, indígena y campesina en la agenda internacional ha hecho que las Naciones Unidas, reunidas en su 91ª Asamblea General resolvieran proclamar el 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar a través de la Resolución 66/222 del 22 de diciembre de 2011. Las Naciones Unidas tomaron en cuenta la importancia de incrementar la visibilidad de la agricultura familiar, focalizando la atención mundial en su papel en la erradicación del hambre y la pobreza, como garantía de la seguridad alimentaria y nutricional, como una mejora en los medios de vida y el desarrollo sostenible, es decir, por su importancia socioeconómica, ambiental, geográfica y cultural, señalan Nahuel Oddone[1] y Carolina Alburquerque[2].
Más allá de la contribución de la agricultura familiar para la gestión sostenible de los recursos naturales, uno de los puntos más destacables sobre la importancia de la agricultura familiar para la producción de alimentos es su contribución para la generación de nuevas cadenas de valor alimenticias o su participación en las existentes a fín de disminuir las asimetrías territoriales que suelen caracterizar las áreas rurales latinoamericanas. En el caso del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), donde la agricultura familiar cuenta con casi cinco millones de establecimientos agrícolas, lo que se corresponde con cerca del 83% del total, este segmento es el responsable de la producción de aproximadamente el 70% de los alimentos consumidos a diario en la subregión[3]. En Argentina, la agricultura familiar es responsable del 19% del valor de la producción agropecuaria del país, en Brasil 38%, en Paraguay el 20%, en Uruguay el 30% y en Chile el 25%. Estos números respaldan el papel protagónico de la agricultura familiar en lo que se refiere a producción de alimentos y seguridad alimentaria, pero también funge como un pilar (muchas veces escondido) de la estabilidad macroeconómica, ya que la volatilidad en los precios de los alimentos suele ser una dimensión importante de los procesos inflacionarios, pesando particularmente para los hogares con menores ingresos.
En México, el 81.3% de los 5.4 millones de las unidades económicas rurales (UER) conforman el segmento de agricultura familiar, dividido en tres grupos: de subsistencia, en transición y consolidada. Un estudio realizado por la SAGARPA y la FAO identificó que un 39.6% del total las UER tienen potencial empresarial, específicamente, un 17,4% dentro del grupo de agricultura familiar de subsistencia, un 56,8% dentro del grupo denominado en transición y un 25,8% dentro del grupo de consolidada[4]. A su vez, si se considera el ingreso total que los cultivos generan a las UER se identificó que el maíz (58,2%) como el producto más importante[5]. El maíz es un producto cuya cadena de valor logra nivel de industrialización realmente relevantes, incluso, bajo la producción de etanol (bebidas, industrial y combustible). En Brasil, el maíz alcanza el 49% y el trigo el 46% y en Chile el 44% tanto para trigo como para maíz.
La necesidad de escalamiento y diversificación presente en estas UER es una demanda fundamentalmente alta basada en la necesidad del empleo de tecnologías apropiadas, técnicas de captación y uso más eficiente del agua; el uso de sistemas de producción climáticamente inteligentes que incluyan la reconversión productiva, la agricultura de conservación u otras; la integración en diferentes cadenas e valor así como la diversificación hacia otras actividades productivas como el ecoturismo, entre otras.
Independientemente de su tamaño, toda empresa participa en al menos una cadena de valor local; por ejemplo, un productor agrícola de autoconsumo compra insumos (semillas, herramientas, fertilizantes y otros) que lo hacen interactuar con otros eslabones de la cadena. Las empresas que exportan directa o indirectamente participan además en cadenas regionales o globales de valor[6].
En la búsqueda de un cambio estructural para América Latina que impulse el desarrollo con equidad[7], el fortalecimiento de las cadenas de valor permite diversificar la producción, ampliar la participación de los grupos presentes en los diferentes eslabones que las conforman y, al mismo tiempo, contribuir con un mayor valor agregado. Al mismo tiempo, tiende a aminorar la heterogeneidad estructural que caracteriza a las economías latinoamericanas, mediante una suerte de efecto de derrame que se produce frente a la incorporación y suma de nuevos eslabones y servicios en una cadena existente[8].
El diseño de intervenciones públicas en las cadenas de valor alimenticias es una estrategia de gran utilidad que facilita la implementación de políticas de desarrollo productivo, pues permite focalizar las inversiones estratégicas destinadas a superar las restricciones que afectan a cada eslabón y agiliza la coordinación de las medidas de las entidades públicas que prestan apoyo a la cadena como los Ministerios y Secretarias nacionales con competencia sobre la cadena. Es importante considerar que “en general, los agricultores de pequeña escala han sido beneficiados a través de programas focalizados de asistencia social y han perdido en términos de inversión productiva”[9] haciéndose necesario romper esta limitación.
La CEPAL ha señalado que el aumento de la productividad es de primordial importancia para el desarrollo de los países por ofrecer un medio idóneo para elevar el nivel de ingresos de la población. Por consiguiente, es indispensable que el sector productivo perfeccione sus métodos mediante la innovación y que los países tomen medidas para elevar cada vez más el valor agregado de los bienes y servicios que producen a través del escalamiento de las cadenas de valor.
La importancia de la agricultura familiar para el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe es altamente estratégico. De acuerdo con el documento Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas - Una mirada hacia la América Latina y el Caribe 2014, elaborado por la CEPAL, la FAO y el IICA, se estima que las fincas pertenecientes a la agricultura familiar en América Latina alcanzan unas 17 millones de unidades con una participación aproximada de 60 millones de personas; alrededor del 57% de estas unidades se encuentran en América del Sur. La agricultura familiar representa una proporción total de unidades de producción superior al 75% en casi todos los países de América Latina, superando el 90% en muchos de ellos. En América del Sur, la agricultura familiar es de vital importancia para la producción agrícola, sobre todo en países como Brasil, Colombia y Ecuador, donde su participación en el valor agregado agrícola llega a más de 40%. En cuanto a su contribución al empleo, la agricultura familiar ha demostrado ser una de las principales actividades generadoras de nuevas fuentes de trabajo. En América Latina, la participación de la agricultura familiar en el empleo sectorial es particularmente importante, por ejemplo, en Argentina es del 53 %, en Chile y Colombia del 57%, en México del 70% y en Brasil del 77%[10].
Dada su alta participación en términos de empleabilidad y la voluntad de generar un escalamiento en las cadenas de valor de las que participan los agricultores familiares, para apoyar el sector se hace necesario capacitar a los agricultores con nuevas técnicas y sistemas de cultivo ambientalmente inteligentes con el fin de mejorar su productividad y competitividad, desarrollar sistemas de información de mercados un requerimiento común en varias cadenas alimenticias de la región que se podrían combinar con acceso a financiamiento (blunded services), fortalecer la organización para la comercialización en los diferentes mercados, vigorizar los mercados institucionales y compras locales vinculadas a los programas sociales de alimentación.
Los servicios profesionales y de soporte no sólo son importantes para el aumento del valor agregado nacional de las cadenas de valor agroindustriales sino también son cruciales para mejorar la participación en el valor agregado total obtenido en los eslabones más débiles de la cadena. Por ejemplo, mejor información sobre el mercado y mejores procesos de cultivo, a través de servicios de TI y asistencia técnica especializada, fortalecen la capacidad de negociación de los pequeños productores y con ello la capacidad de beneficiarse de mayores ingresos. Otro reto que hay que enfrentar es la promoción del uso de herramientas de gestión de riesgo para proteger la inversión en la pequeña agricultura en caso de desastres naturales; la experiencia mexicana puede ser considerada exitosa y es factible de extenderse como una buena práctica al resto de la región.
Si la agricultura se está posicionando como una prioridad en la agenda de los países de América Latina, necesariamente deberá ir acompañada de políticas e instrumentos de apoyo innovadores. Argentina aumentó sus contribuciones a la agricultura familiar y creó, en el 2004, el Foro Nacional de la Agricultura Familiar (FoNaF) y, en 2007, el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF)[11]; el Estado Plurinacional de Bolivia declaró la agricultura familiar como una actividad de “interés nacional”; Chile incrementó en 2013 el 8,2% del presupuesto destinado a la pequeña agricultura; Costa Rica adoptó un Plan Sectorial de Agricultura Familiar 2011–2014; México está implementando con éxito la Cruzada Nacional contra el Hambre y, a nivel regional, el MERCOSUR creó en el 2004 el Fondo de Apoyo a la Agricultura Familiar, recientemente reactivado con apoyo de la FAO.
Resulta importante construir los mecanismos y acuerdos para intercambiar experiencias y compartir las lecciones aprendidas. En este sentido, la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar (RAEF) del MERCOSUR puede fungir de ejemplo. Creada en el 2004, la REAF se estableció como una de las experiencias de integración regional en agricultura familiar más importantes de América Latina y el Caribe. Su forma de trabajo se basa en el diálogo político entre los gobiernos, las organizaciones y los movimientos sociales, ha permitido obtener resultados que se tradujeron en el fortalecimiento de las políticas públicas para la agricultura familiar en la región entre las que se destacan: el fortalecimiento de los organismos nacionales en la materia, los registros e identificación de la agricultura familiar, las compras públicas de los productos del sector[12], las políticos de promoción de la igualdad y la autonomía económica de las mujeres rurales, y las iniciativas de formación e incidencia de la juventud rural.
El desarrollo rural es un componente importante del potencial económico de los países de América Latina y un elemento estructural de la seguridad alimentaria. Los agricultores familiares son actores estratégicos de los sistema productivos locales y de los encadenamientos regionales. Una estrategia de inversión productiva contribuirá con la reducción de las asimetrías territoriales y fortalecerá la cohesión social rural evitando migraciones forzosas del campo a la ciudad. La inclusión de los agricultores familiares en cadenas agroindustriales y alimenticias favorece su empoderamiento social a la vez que se generan escalamientos económicos y desarrolla un modelo productivo más inclusivo.
El desarrollo de un programa centrado en los productos rurales más tradicionales como el maíz, el trigo o el frijol, pero complementado por cultivos no tradicionales como la stevia, los arándanos, las especies nativas poco explotadas u otras; y, sobre todo, con el apoyo de nuevas tecnologías para favorecer su manufacturación, fortalecerá las capacidades productivas de los agricultores familiares y de los territorios rurales, la seguridad alimentaria nacional y regional, y la productividad y competitividad nacionales.
Las cadenas de valor constituyen un buen instrumento para el análisis y la operatoria de la planificación económica del escalamiento del valor agregado generado y la distribución de sus beneficios económicos y sociales.
Para conocer la edición especial de EnlACe, La Revista de la Agricultura de Conservación, dedicada al Año Internacional de la Agricultura Familiar, visite el siguiente link: http://conservacion.cimmyt.org/index.php/es/component/docman/doc_download/1210-r21
Este número especial ha sido organizado por Horacio Rodríguez Vázquez, Coordinador de Extensionismo del Centro Internacional de Mejoramiento en Maíz y Trigo (CIMMYT).
[1] Unidad de Comercio Internacional e Industria, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Naciones Unidas, sede subregional en México.
[2] Ministerio de Desarrollo Agrario de Brasil.
[3] Ministério do Desenvolvimento Agrário (2010), Reunião Especializada sobre Agricultura Familiar – Informe Anual, Brasília.
[4] FAO - Observatorio de la Agricultura Familiar (2013), La agricultura familiar en México, Santiago de Chile.
[5] SAGARPA (2012), Agricultura familiar con potencial productivo en México, México.
[6] Oddone, N. Padilla, R. y Antunes, B. (2014), “Metodología del Proyecto CEPAL-GIZ para el diseño de estrategias de fortalecimiento de cadenas de valor” en Padilla, R. (ed.), Fortalecimiento de las cadenas de valor como instrumento de la política industria, México, p. 79.
[7] CEPAL (2012), La Hora de Igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir, Santiago de Chile.
[8] Para favorecer la incorporación de pequeños productores familiares a cadenas de valor existentes, la CEPAL ha desarrollado una metodología que cuenta con los siguientes beneficios: 1) permite la identificación de restricciones y oportunidades a nivel micro, que son la base para el diseño de líneas estratégicas específicas que fortalezcan las capacidades de los actores y pequeños productores; 2) contribuye con la formación de alianzas o acuerdos entre los sectores público y privado para el fortalecimiento de la cadena ya que a través de espacios de diálogo se pretende crear consensos para que los distintos actores de los eslabones de la cadena (pre-producción, producción, transformación, comercialización, compra, consumo y disposición final) se comprometan con el proceso y 3) en los espacios de diálogo se produce la discusión de los diagnósticos y las estrategias, lo que fortalece la legitimidad y la transparencia de la formulación de las políticas públicas para el escalamiento de las cadenas. Véase: Oddone, Padilla y Antunes, op. cit., p. 87-88.
[9] Rodríguez, H. y Gammage, S. (2012), Tres acciones de cooperación internacional para promover la seguridad alimentaria, la sustentabilidad agrícola y la superación de la pobreza en el México rural, Instituto Mora, p. 28.
[10] FAO/BID (2007), Políticas para la agricultura familiar en América Latina y el Caribe, Santiago de Chile.
[11] Asimismo, un grupo de diputados nacionales, en abril de 2014, han presentado un proyecto de Ley que declara de "interés público la Agricultura Familiar por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva". El mismo proyecto también contempla la creación de un Régimen de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar.
[12] La FAO ha prestado asistencia técnica para implementar y mejorar los programas de compras públicas a la agricultura familiar, véase el Proyecto GCP/180/BRA.